Esto significaría, muy probablemente, que las primas que pagan de forma mensual los beneficiarios de estos seguros se incrementarán. La intención del Ejecutivo es que las aseguradoras abonen el 8% con el que se grava actualmente a todos los tipos de seguros, pero del que estaban excluidos los de salud. ¿El motivo? Se daba por sentado el consenso -más o menos general- de que la atención sanitaria privada ayudaba a rebajar la presión sobre la pública y que, dado que esta última la financian todos los ciudadanos, sean o no usuarios de ella, no se concebía como justificado que un contribuyente con seguro privado se viese perjudicado por una tasa adicional. Además, aducen fuentes del sector, los distintos Gobiernos calculaban que el alivio de la sanidad pública en costes era superior a la recaudación fiscal con el llamado IPS (Impuesto sobre las Primas de Seguros).

La pandemia del covid transformó muchos aspectos de la economía y la sociedad. Uno de ellos fue el de la sanidad privada. En un mundo en el que la urgencia se está adueñando del rumbo de muchas decisiones individuales y sociales, la celeridad por acceder a pruebas y diagnósticos de forma más rápida que a través de los sistemas de salud públicos reactivó el interés por el seguro de salud. Al cierre del año 2021, según datos de la asociación Unespa -Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras- el volumen de las primas de los seguros de salud se elevó casi un 5% hasta los 9.849 millones de euros, con una cobertura que alcanzaba a 11,05 millones de españoles, el 19% de la población. El año pasado, los seguros de salud crecieron en comparación con el año anterior un 6,59%, con un volumen total de primas de 11.238 millones. Según los datos de Unespa, hay 12,4 millones de españoles (25,8%) de la población española que cuenta con este tipo de cobertura sanitaria a su disposición.

Un estudio de la Fundación Idis (Instituto para el Desarrollo e Integración Sanitaria) cifraba en 436.582 los vascos que disponían a la conclusión de 2023 de algún seguro de salud, lo que supone una caída de 40.000 respecto a la cifra de 2022. El impacto de una inflación a la que no se veía fin se presupone como una de las causas que han podido influir en ese descenso. En cualquier caso, en años anteriores el ascenso fue sostenido, ya que se pasó de los 459.022 del año 2018 a los 475.774 del año 2022. El volumen total de las primas ha crecido casi un 2% en un lustro, al pasar de 386 millones en 2018 a 423 en 2023. La Fundación Idis calcula un porcentaje de penetración social del 19,7% de la población. Es prácticamente el mismo valor que estima Unespa, que sitúa ese porcentaje en un 20,7%, aunque segun sus datos la cifra total de asegurados es superior (460.499). En la Comunidad Foral de Navarra, según datos de IDIS calculó el pasado año un total de 75.261 personas con cobertura sanitaria derivada de un seguro privado, un 5% más que en el año 2018, con un porcentaje de alcance social del 11,2% de la población navarra. A su vez, el volumen total de las primas creció casi un 7,5% en el último lustro, al pasar de 49 a 70 millones de euros. En ambos casos, tanto en Euskadi como en Navarra, la atención más requerida por los asegurados son la realización de pruebas de TAC, hemodiálisis, odontología, resonancias magnéticas, mamografías, angiografías y densitómetros óseos.

¿Cuales son las razones de su progresiva extensión? “Uno de los fenómenos que impulsa la contratación de seguros de salud es su creciente aceptación como mecanismo de pago en especie. Muchas empresas han incorporado el seguro de salud para sus trabajadores como concepto retributivo complementario. El seguro de salud es, de hecho, uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla. Esto hace que los seguros constituyan una herramienta de atracción y retención de talento. Además, contribuyen a reducir el absentismo laboral”, subrayan fuentes de Unespa.

El acuerdo entre los socios del Gobierno de coalición supone la renuncia de Sumar al impuesto a las energéticas a cambio de otras de sus reivindicaciones, la de eliminar la exención fiscal a las primas de seguros privados sanitarios. ERC, Bildu, Podemos y BNG, socios habituales del Gobierno, se niegan a apoyar el paquete fiscal a menos que se mantenga el impuesto energético. El Gobierno ha intentado buscar un acuerdo entre todas los grupos parlamentarios, pero la postura de Junts, que garantizó su voto a cambio de dejar caer el impuesto sobre las energéticas, es irreconciliable con las de ERC y Podemos. El PNV también ha mostrado su oposición a la penalización a los seguros de salud. “En Euskadi muchísima gente está asegurada en IMQ y Lagun Aro, y muchas empresas están adheridas. Eso descarga en parte el sistema público de salud. Además, con la situación que se está viviendo con Muface, se va a saturar la sanidad pública. Hay que tener en cuenta esas cosas. Afecta a muchas personas”, ha explicado Aitor Esteban, portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados. En caso de implantarse el Impuesto a las Primas de Seguros a los vinculados a la salud, la recaudación extra irá directamente a parar a las arcas del Estado central, puesto que no se distribuye entre las comunidades, que sí se hacen cargo del gasto en los sistemas públicos de salud. Actualmente, los seguros de salud, en función de la cobertura que prestan, cuentan con primas medias mensuales por persona que oscilan entre los 40 y los 90 euros, aproximadamente.

El estudio ‘Observatorio del sector sanitario privado 2024’ de la Fundación IDIS recoge que España es el tercer país de la OCDE que más gasta en sanidad privada, por detrás de Portugal y Suiza. Las compañías de seguros de sanidad privada gastan en siniestros de sus asegurados una media de 624 euros al año por cada uno de ellos, según esta Fundación. “Si cogemos esa cantidad, que es la que gastan de manera real las aseguradoras, y la multiplicamos por el numero de beneficiarios, que son 10,7 millones -sin los mutualistas- diríamos que el Sistema Nacional de Salud deja de gastar 6.701 millones, porque es lo que gastan la aseguradoras en dar cobertura a los siniestros de sus asegurados”, explicó el pasado mes de abril la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, en la presentación del Observatorio.

“Hay 12,4 millones de personas que pagan por un seguro de salud en España y que, por lo tanto, no consumen los servicios sanitarios públicos. El ahorro de costes para la Administración que genera el seguro privado es, por lo tanto, evidente”, subrayan fuentes de Unespa, que se muestran en contra del argumento de PSOE y Sumar de que el seguro de salud sea un producto para clases altas. “De acuerdo con la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en el año 2022 los contribuyentes del IRPF con rentas superiores a 60.000 euros ascendían aproximadamente a 1,2 millones de personas de un total de casi 23 millones de liquidaciones, lo que suponía el 5% del total. Si se ponen en relación ambas cifras se desprende claramente que más de 10 millones de ciudadanos que contratan un seguro privado de salud no se pueden considerar personas de rentas altas”, añaden.

Las mismas fuentes destacan que “es importante tener en cuenta que las atenciones que presta la sanidad privada son atenciones que se ahorra el sistema público sanitario. Quienes contratan un seguro de salud hacen uso del mismo y, aunque pueden ir a la sanidad pública como cualquier contribuyente, van a la privada y alivian así la carga de trabajo que tienen los centros públicos. Las necesidades de salud de una sociedad son muy extensas. Entre tanto, los recursos disponibles, son limitados. Por esta razón hay que tener presente que la sanidad pública y la privada no son rivales” 

Condenan en Navarra a un seguro privado de salud a pagar más de 40.000 euros a un paciente con leucemia